Abortar ¿sí o no?

Mujeres movilizadas en España


Las movilizaciones que desde hace casi dos años llevan a cabo grupos de mujeres nicaragüenses no son acciones aisladas a favor de los derechos sexuales y reproductivos.

En España , la controversia surgió el pasado mes de diciembre, cuando se detuvo a profesionales que practicaban abortos en clínicas habilitadas y a mujeres que habían abortado.

La legislación en España actual despenaliza parcialmente el aborto desde 1985 y, además, el Estado español ratificó el derecho a decidir y a la salud sexual y reproductiva en la conferencia Internacional de Población y Desarrollo de 1994 y en la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing de 1995.

Grupos de mujeres de varias ciudades de España pusieron en marcha una campaña por el derecho al aborto que aún se lleva a cabo y que hace varias semanas entregó en varios juzgados miles de firmas de mujeres que se autoinculpaban por haber abortado o por haber acompañado a abortar a otra mujer.

El objetivo de estas acciones, que continuarán durante el 2008, es exigir que el aborto “salga del Código Penal” y que haya “formación de especialistas”, afirma Montse Cervera, miembro de la Campaña por el Derecho al Aborto.

Un estudio realizado por 12 entidades miembro de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas del Estado Español hace un año explicaba que la práctica del aborto en España “presenta una situación muy diferenciada según la Comunidad Autónoma de la que se trate” y decía que “no se ha avanzado en la normalización del aborto como prestación sanitaria en la red pública y que, en la mayoría de las comunidades autónomas, cada vez existen menos servicios públicos”.
“Sólo el 3% de los abortos se hacen en estos momentos en el sistema público español”, apunta Montse Cervera.

En este contexto, en los últimos meses la Federación de Mujeres Progresistas ha defendido que cualquier modificación de la ley del aborto en España “debe ser para mejorar los derechos de protección y seguridad de las mujeres adquiridos en 1985”.

Según la directora del Instituto Estatal de la Mujer, Rosa Peris, la actual normativa tiene “grandes deficiencias” y debería abrirse un debate sobre el tema.

El Instituto de Política Familiar, en cambio, pedía una reforma de la ley para evitar el “fraude” que, en su opinión, se da en estos momentos porque en un año pueden llegar a realizarse 100.000 interrupciones del embarazo alegando “riesgo psicológico de la madre”.

Para el Foro de la Familia, aprobar una ley que permita el aborto libre sería “inconstitucional” y cualquier reforma se debería someter a referéndum.

Desde los grupos políticos, durante la campaña electoral José Luis Rodríguez Zapatero invitó al PSOE a reflexionar si es necesario o no realizar modificaciones en la actual ley del aborto, algo a lo que se opone el Partido Popular, que apuesta por aplicar la ley actual.

FUENTE: Asociación Internacional de Mèdicos Progresistas