Constituida la Plataforma por la Derogación de la Ley 15/97 y la defensa de la Sanidad Madrileña

Decenas de organizaciones vecinales, partidos políticos, sindicatos y colectivos, constituyeron el pasado 16 la

Plataforma por la Derogación de la Ley 15/97 y la defensa de la Sanidad Madrileña,

cuyo fin es “actuar con la máxima urgencia para que la población tenga conocimiento y se movilice”, contra el proceso privatizador.


En su pronunciamiento, las organizaciones firmantes se manifiestan “enormemente preocupadas por el gravísimo deterioro que está sufriendo la sanidad pública madrileña”, citando las carencias de los 8 nuevos hospitales privados –reflejadas en multitud de quejas y reclamaciones de pacientes y familiares-, y en los planes del PP de ahondar en el proceso hasta privatizar prácticamente toda la red sanitaria.

Para la Plataforma, “el proceso de deterioro y privatización de los servicios públicos (sanidad, enseñanza,…) es una de las consecuencias de la deriva neoliberal imperante en la Unión Europea”.

Recuerdan que en el caso de la sanidad pública española, dicho proceso fue iniciado en la década de los 90 (informe Abril), con el propio PSOE en el gobierno del Estado, y se aceleró con la llegada al gobierno central del PP, al tiempo que se plasmaba en diferentes modelos según autonomías y partidos en el poder (sociedades anónimas en Andalucía con el PSOE; fundaciones en Galicia con el PP; consorcios en Catalunya con CiU; concesiones en el País Valenciá con el PP…).


“Con la aprobación en 1997 de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión (con el voto a favor PSOE), y que fue presentada como el paradigma de la necesaria modernización que acabaría con los problemas estructurales del Sistema Nacional de Salud, se legitimaron todos los experimentos privatizadores existentes hasta aquella fecha, al tiempo que se abría el SNS a cualquier tipo de gestión privada admitida en derecho”, recuerda la Plataforma.


Dentro de este proceso privatizador, en Madrid, el PP mediante el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007, puso en manos de empresas privadas la explotación de 8 hospitales durante 30 años, introduciendo el “ánimo de lucro” en las prestaciones sanitarias que por ley ofrece el SNS. “Su apertura ha destapado una cruda realidad: hospitales que no son capaces de asumir la atención de la población con unas mínimas garantías de calidad, y cuyos objetivos prioritarios son el reparto de beneficios entre sus accionistas”, subraya la Plataforma por la Derogación de la Ley 15/97 y la defensa de la Sanidad Madrileña.


La pasividad oficial Critica también “la pasividad manifiesta del PSOE y de los sindicatos institucionales”, con lo que el PP “ha dado una vuelta de tuerca más, presentando ante los empresarios la subasta del resto de los centros del Servicio Madrileño de Salud (Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011), con lo que se cierra el círculo y quedará en manos de la iniciativa privada la práctica totalidad del sistema sanitario”.


“Si se lleva a cabo el traspaso masivo de la gestión y propiedad de los centros sanitarios a las empresas privadas, la sanidad pública que le quedará a la población sin medios económicos será de segunda categoría: una sanidad de beneficencia y el rescate (vuelta a manos públicas) de los hospitales y centros privatizados será prácticamente irrealizable, por imposibilidad económica, y más en tiempos de crisis”, asegura la Plataforma.


Insiste en que múltiples estudios internacionales demuestran que los índices de mortalidad son superiores en los centros sanitarios privados con ánimo de lucro, respecto a los públicos, así como las infecciones hospitalarias y otros efectos adversos: “Es lógico si tenemos en cuenta que estas empresas deben de dedicar parte del presupuesto a repartir beneficios entre sus accionistas, dinero que se detrae del presupuesto para tratamientos y plantillas necesarias”, matiza.


Finalmente, y “dada la gravedad de la situación”, hace un llamamiento a la incorporación a esta Plataforma de todas aquellas organizaciones y colectivos que compartan los puntos citados, al tiempo que requiere “a aquellas organizaciones, políticas y sindicales mayoritarias, que se reclaman defensoras de la sanidad pública, para que, sin dilaciones de ningún tipo, asuman sus responsabilidades y den los pasos necesarios para movilizar a la población y detener este proceso privatizador”

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