Sindicatos y asociaciones lucharán contra la privatización del Canal

Los sindicatos UGT, CCOO, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y Ecologistas en Acción formarán una mesa del agua para impedir que se privatice la gestión del Canal de Isabel II y concienciar a la población sobre la importancia de cuidar un recurso natural imprescindible para la vida.

EL AGUA, UN BIEN PÚBLICO DE TODOS Y PARA TODOS

El agua es imprescindible para la vida y es un recurso natural que podemos considerar como agotable, por su posible contaminación y pérdida de cualidades que la haga inservible para uso humano.

Además, las Naciones Unidas han reconocido que el acceso al agua potable y al saneamiento es un DERECHO HUMANO y en la Carta del Agua firmada en Zaragoza, se reconoce entre otras cuestiones:

· que son los poderes públicos los que deben garantizar este derecho
· que el acceso al agua es un potente vector de desarrollo
· que las unidades básicas de gestión de los recursos hídricos sean la cuenca hidrográfica y el acuífero, incluso en los casos en que tengan carácter supranacional.
· que se someta al control público la gestión de los servicios públicos de agua y saneamiento
· que los ciudadanos participen como corresponsables en la gestión integrada del agua y la sostenibilidad
· la necesidad de incentivar la investigación, el desarrollo y la innovación en cuanto concierne al agua y se acelere la transferencia de sus resultados y beneficios a la sociedad.

Amenazas en Madrid

Privatización de los servicios:
El Canal de Isabel II es la entidad de carácter público que se encarga del abastecimiento, tratamiento, distribución y depuración del agua en casi todos los municipios de Madrid.
Su posible privatización pone en peligro una gestión que, aunque mejorable, viene desarrollando aceptablemente desde hace más de 150 años y que ha demostrado su rentabilidad ampliando sus actividades con infraestructuras que nada tiene que ver con el agua, erigiendo teatros y creando campos de golf.

La privatización puede afectar a los ciudadanos y consumidores con un incremento tarifario y una pérdida de calidad, dado que el fin de las empresas privadas no es la prestación de un servicio público y necesario, sino la consecución de beneficios para sus accionistas. También dejará de ser prioritario reinvertir los beneficios para mejorar el servicio a favor de un mayor reparto de dividendos.

Los más de 2.200 trabajadores del Canal del Isabel II, se enfrentan a cambios importantes que pueden ir desde pérdida de empleos, hasta reubicaciones y expedientes de regulación, lo que en esta época de crisis debe preocupar al Gobierno Autonómico más que trasladar un valor público a manos privadas.

Por último, la privatización de este organismo, puede significar problemas administrativos y de gestión para los Ayuntamientos que deberán replantearse su relación contractual con una empresa que ya no es pública. La gestión del agua debe hacerse teniendo en cuenta que las unidades básicas son las cuencas hidrográficas y los acuíferos, y al ser un bien necesario y agotable, debe ser gestionado por entidades públicas, como lo han reconocido ciudades como París, Postdam, Atlanta o Buenos Aires, que habiendo gestionado el agua a través de empresas privadas, han optado por volver a la gestión pública.

El próximo día 13 se realizará una manifestación

desde la Plaza de Jacinto Benavente a Sol

para reclamar la titularidad pública de la empresa,