Las asociaciones vecinales confirman su determinación de plantar cara a la privatización de la sanidad pública

Representantes de casi una treintena de asociaciones vecinales se dieron cita ayer en la sede de la AV Valle Inclán de Prosperidad para trazar la hoja de ruta de la comisión de Sanidad de la FRAVM.

Como el pasado curso, la lucha contra la privatización de la sanidad pública centrará gran parte de la labor de las asociaciones en sus barrios. Todas ellas han marcado en sus agendas el mes de abril para programar nuevas movilizaciones dirigidas a poner de manifiesto las consecuencias de la política privatizadora promovida por el Gobierno regional.



El aumento del desempleo y del número de personas que se encuentran en riesgo de exclusión social como consecuencia de la crisis económica no ha obtenido, por parte de las administraciones públicas, una respuesta dirigida a reforzar los servicios públicos (sanidad, servicios de dependencia, servicios sociales, escuelas de infancia...) que garanticen el reequilibrio social y el ejercicio de los derechos de ciudadanía. Muy al contrario, en Madrid son numerosos los ejemplos de la reducción de algunas prestaciones sociales y de la precarización de algunos servicios públicos. El sanitario es uno de ellos.

Ayer, decenas de asociaciones vecinales federadas se dieron cita en la sede de la AV Valle Inclán de Prosperidad, a iniciativa de la comisión de Sanidad de la FRAVM, para “avanzar y sumar fuerzas” en torno a la defensa de la sanidad pública. El reto no es fácil dada “la escasa respuesta social y laboral ante las agresiones sanitarias”, la dispersión de las iniciativas y la “escasa capacidad para elaborar alternativas reales por parte de las fuerzas que se oponen a la privatización”. Las asociaciones suman a ello las dificultades para explicar a la ciudadanía las consecuencias concretas de la privatización de los servicios públicos y la relación de la precarización de la asistencia sanitaria pública con el destino de crecientes cantidades de dinero público a la empresa privada.

Para explicar tal relación, las asociaciones acordaron “partir de realidades concretas, relacionarlas con las políticas generales y exigir reivindicaciones igualmente concretas y medibles” toda vez que “sin victorias parciales es difícil mantener cualquier tipo de organización y extender una cultura organizativa para afrontar los problemas”.

Las prioridades que las asociaciones establecieron fueron, entre otras, llevar a cabo una campaña informativa sobre el destino de fondos públicos a centros de propiedad privada y a centros públicos de gestión indirecta, los recortes presupuestarios destinados a la contratación de personal laboral y sobre las consecuencias concretas de la aplicación del área sanitaria única. Sumaron a todo ello las "irregularidades constitucionales” que están provocando las trabas administrativas que se están imponiendo a algunos sectores de la población, especialmente a los“sin papeles”, un fenómeno del que las asociaciones harán seguimiento para denunciar, cuando corresponda, las dificultades que la Administración regional impone a algunos de los colectivos socialmente más desfavorecidos en su acceso a la sanidad pública.

En el ánimo de algunas asociaciones latía el interés por volver a tomar las calles para visibilizar la oposición ciudadana a la privatización de la sanidad, un órdago que aceptó el resto y se concretó en el acuerdo de llevar a cabo nuevas movilizaciones en los meses de abril y mayo.


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