El hospital en los terrenos de la cárcel de Carabanchel vuelve a estar en el aire

Hospital en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel


Quizá la noticia no sea todavía conocida por la mayoría de los vecinos del barrio, pero el hospital de los terrenos de la cárcel de Carabanchel vuelve a estar en el aire. A pesar de que existía un compromiso electoral por parte de Esperanza Aguirre, aunque se había firmado un acuerdo entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid para ceder una parcela para ello, aunque se hayan gastado miles de euros en redactar los proyectos y los estudios de impacto del futuro centro,… la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha dicho que no tiene previsto construir el nuevo hospital. Pero lo peor de todo es la excusa elegida para este clamoroso fraude hacia todos los vecinos: la firma de un acuerdo para el uso civil del Gómez Ulla que ya se firmó en el año 2007.






Probablemente, el incumplimiento de la promesa de construir un hospital en los terrenos de la cárcel de Carabanchel es el mayor engaño a los vecinos del barrio en las últimas décadas. Podemos recordar muchos cambios de opinión en las administraciones, algunas mentiras interesadas, e incluso diversas traiciones de los que se suponía que eran compañeros de viaje, pero no recordamos una mentira semejante echando por tierra la principal reivindicación de los vecinos de Latina y Carabanchel.



Durante muchísimos años estuvimos en la calle peleando para que todos los vecinos pudieran contar con un hospital de referencia digno, sin saturaciones, sin interminables listas de espera y sin larguísimos desplazamientos. Siempre habíamos encontrado el rechazo de las distintas administraciones, independientemente del partido que ocupara la silla principal. Pero en 2007 Esperanza Aguirre anunció a bombo y platillo que construiría el tan demandado hospital de la cárcel de Carabanchel si ganaba las elecciones, lo que provocó un giro en la movilización vecinal. Todo hacía indicar que habíamos conseguido un hospital y todos los pasos que se dieron desde entonces fueron en esa misma dirección. Pero hace unos meses, con el relevo en la Consejería de Sanidad y la entrada de Javier Fernández Lasquetty sustituyendo a Juan José Güemes, la situación ha vivido un nuevo giro pero en esta ocasión contrario a los deseos de los vecinos. Con la excusa de un nuevo convenio entre Defensa y Sanidad para el uso del Gómez Ulla, idéntico al firmado en el año 2007, ahora nos dicen que ya no es necesario construir el hospital de Carabanchel.



¿Qué ha sucedido desde entonces hasta ahora?



El 11 de enero de 2007 es una de las fechas más relevantes en la movilización por el hospital en los terrenos de la cárcel. Ese día, Esperanza Aguirre adelanta la primera promesa electoral para las elecciones autonómicas, la construcción de un hospital en los terrenos de la antiguo cárcel de Carabanchel. En la noticia, la propia Presidenta de la Comunidad afirmaba “el lugar que ocupa la cárcel es el sitio ideal para construir el centro sanitario” y lo más importante, ese mismo día dejaba claro que “descartaba que una mayor utilización del Hospital Militar Gómez Ulla pudiera invalidar el proyecto”. (El Mundo 11 de enero de 2007). A partir de aquí se produce un punto de inflexión en la lucha y todos los pasos que se dieron desde entonces estuvieron encaminados a cumplir la promesa.



La página 42 del programa electoral del PP a las elecciones autonómicas de 2007 decía textualmente “Construiremos 4 nuevos hospitales: Torrejón, Collado Villalba, Móstoles y Carabanchel. En este último caso lo haremos en los terrenos de la actual cárcel y tan pronto como el Gobierno Central nos ceda el suelo para ello”.



Desde luego que la actitud del Ministerio del Interior no ha ayudado en nada durante todo este tiempo. Tuvo mucha prisa por derribar la cárcel y la cúpula y casi dos años después todavía ha sido incapaz de finalizar los trámites urbanísticos para que la parcela del hospital estuviera al servicio de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad utiliza esto como una de las excusas para el incumplimiento, aunque como demuestran los hechos, que no se haya producido la cesión formal no ha impedido que la Comunidad llevara a cabo los trámites necesarios para la construcción de un hospital que debía iniciar antes de mayo de 2011.



La Consejería de Sanidad redactó el proyecto y desarrolló el estudio de impacto ambiental del nuevo hospital. La población afectada quedaba claramente definida: “El nuevo Hospital de Carabanchel va dirigido fundamentalmente a la atención de la población del distrito de Carabanchel y, dentro de este la correspondiente a las áreas sanitarias Vista Alegre I y II, Buenavista, Puerta Bonita I y II, Aluche I y II, Las Águilas I, II y III y Campamento. De acuerdo a estas características y a la propuesta de áreas sanitarias atendidas, la proyección de población para la que está diseñado este nuevo centro se cifra, según los datos aportados por la Consejería de Sanidad, en 255.993 habitantes para el horizonte del año 2011 y 268.266 habitantes para el horizonte del año 2017”. (BOCAM 14 de diciembre de 2009).



En numerosas notas de prensa, la Comunidad anunció la construcción del hospital de Carabanchel durante esta legislatura. Incluso los presupuestos de la Comunidad para 2010 incluyen “la publicación de los concursos de licitación de la asistencia sanitaria de Villalba y Carabanchel”.



Por tanto, desde el anuncio de Esperanza Aguirre y hasta hace pocos meses, la Comunidad de Madrid ha estado realizando los trámites necesarios para la construcción del hospital. Estaría bien que alguien de Sanidad nos explicara para qué ha servido el dinero gastado en estos proyectos si finalmente no se llevan a cabo.



Los acuerdos por el Gómez Ulla



El uso público del Hospital militar Gómez Ulla es una reivindicación histórica del movimiento ciudadano de los distritos de Latina y Carabanchel, por tratarse de un centro absolutamente infrautilizado. Esta demanda ha sido rechazada por los diferentes gobiernos centrales y autonómicos, de uno y otro signo, alegando que el Gómez Ulla era un hospital “desfasado” cuyo coste para poder ser transferido a la sanidad pública sería desorbitado.



Aún así, durante los últimos años se han firmado acuerdos y convenios entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de Sanidad que nunca han llegado a satisfacer las demandas sanitarias de los vecinos.



En el año 2004, al poco de llegar el PSOE al Gobierno central, José Bono anunció en el Senado el 6 de octubre que el Ministerio de Defensa cedía 650 camas a la Comunidad de Madrid a cambio de un canon que se cifraba en 4,5 millones de euros anuales. Se celebró un acto en Carabanchel al que se invitó a todas las asociaciones de vecinos para celebrar que por fin podríamos usar el Gómez Ulla como hospital de referencia. El acuerdo se reflejó en el BOE del 25 de enero de 2005, pero nunca se cumplió.



Tres años después, cuando Esperanza Aguirre promete la construcción del nuevo hospital de Carabanchel, Defensa y Sanidad estaban en conversaciones para firmar un nuevo convenio para el uso civil de parte del Gómez Ulla. Por ese motivo, las declaraciones de la Presidenta el día que prometió el hospital de Carabanchel insistían en que “descartaba que una mayor utilización del Hospital Militar Gómez Ulla pudiera invalidar el proyecto”. El artículo también informaba que “en los próximos días la presidenta regional tiene previsto mantener un encuentro con el actual ministro de Defensa, José Antonio Alonso, para tratar de incrementar el número de camas que puede utilizar la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. La idea, según la presidenta, es aumentar las camas en el Gómez Ulla y construir una nueva infraestructura sanitaria”. (El Mundo 11 de enero de 2007).



Tres meses después de la promesa, y pocas semanas antes de las elecciones, en abril de 2007 el antiguo Consejero de Sanidad, Manuel Lamela, envió miles de cartas a los vecinos informándoles que “desde la recepción de esta carta usted ya puede acudir, si así lo desea, al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para ser atendido de urgencias, siendo éste su centro de referencia para este tipo de atención”. En la misma carta Lamela recordaba que “igualmente, le reitero el compromiso de la Comunidad de Madrid de, independientemente del acuerdo cerrado con el Ministerio de Defensa para la utilización del Gómez Ulla, proseguir con las actuaciones necesarias para construir un nuevo hospital en los terrenos donde se ubicaba el Centro Penitenciario de Carabanchel”.



Por tanto, recomendamos al actual Consejero de Sanidad que lleve cuidado cuando afirma que cuando se hizo la promesa del hospital de Carabanchel era inviable un acuerdo por el Gómez Ulla, (como afirmó a la coordinadora de Latina el pasado mes de julio) porque ambas cosas se produjeron a la vez. Es mejor que busque otra mentira para engañar a los vecinos.



Sin embargo, ese convenio no entró en vigor hasta después de las elecciones. El BOCAM del miércoles 11 de julio publicaba el “Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid en materia de asistencia sanitaria”, y no sólo incluía el acuerdo para el uso de las urgencia para las cartillas adscritas a los centros de salud Aluche II (Los Yébenes), Vista Alegre I y II y Los Cármenes, sino que se introducía, dentro de la Cláusula Primera, el punto 1.1 que textualmente que “la Comunidad de Madrid, iniciará el proceso técnico de análisis y evaluación para determinar la adscripción voluntaria de población a dicho Hospital”, “este proceso, que se llevará a cabo durante el segundo semestre del año 2007, para entrar en vigor a partir del día 1 de enero de 2008, se formalizará en Cláusula Adicional al presente Convenio, e implicará el compromiso de la Consejería de Sanidad y Consumo a ofertar la adscripción voluntaria a este Hospital, aplicando criterios de proximidad, a una población próxima a los 110.000 habitantes, similar a la establecida para el área de urgencias, negociándose paralelamente la forma de financiación de la misma”. Es decir, el convenio firmado en 2007 ya incluía que a partir de enero del año siguiente se podrían adscribir de forma voluntaria los vecinos de los centros de salud afectados por el acuerdo y que incluía a una población de unos 110.000 habitantes, exactamente lo mismo que se está anunciando por parte de Defensa y Sanidad para el convenio que supuestamente firmarán próximamente.



No hace falta decir que este convenio nunca se cumplió y ningún vecino se ha podido adscribir de forma voluntaria al Gómez Ulla que únicamente ha sido centro de referencia para las urgencias. ¿Pedemos volver a confiar en un convenio idéntico cuando los anteriores se han incumplido?



¿Qué ha motivado el cambio de opinión?



Además de utilizar como excusa el “nuevo” acuerdo por el Gómez Ulla, la coartada de la Comunidad de Madrid está en la “libre elección” y la posibilidad de que “cualquier vecino de Madrid podrá utilizar el hospital que desee”. Todos, incluida la propia Comunidad, sabemos que esto es falso, que cada hospital podrá atender lo que limite su capacidad física, económica, organizativa y de personal, y por ese motivo se mantienen los hospitales de referencia para cada cartilla.



Entonces, ¿qué le ha llevado a la Comunidad de Madrid a cambiar absolutamente su discurso respecto al hospital hasta el extremo de llegar a incumplir de forma flagrante una promesa electoral utilizando excusas que se caen por su propio peso? Todo parece indicar que los efectos de la crisis se esconden los verdaderos motivos del cambio de postura y sobre todo la manera en que está afectando a las empresas dedicadas a la gestión privada de los hospitales públicos.



La Comunidad pensaba levantar el hospital de Carabanchel sin apenas coste, licitando su gestión a una empresa privada que, a cambio de gestionar el futuro hospital, realizara la construcción. Pero a nadie se le escapa que en estos momentos la sanidad ha dejado de ser el gran negocio de hace unos años y cada vez eran menos las empresas que optaban a los concursos de los nuevos hospitales a pesar de que la Comunidad aumentaba el dinero que pagaba a las empresas.



El acuerdo del Gómez Ulla, que a día de hoy desconocemos, ha servido a la Comunidad de excusa para evitar la construcción de un hospital que le iba a suponer un coste mucho mayor del que pensaba en 2007.



También sería para analizar el papel que juega el Gobierno central alcanzando acuerdos con Esperanza Aguirre, a pocos meses de las elecciones, que le permiten a ésta justificar su política antisocial y su decisión de ahorrarse un hospital muy necesario para los vecinos. El PSM ha denunciado con vehemencia el incumplimiento de Aguirre pero han sido sus compañeros del PSOE al frente de Defensa, con el acuerdo “fantasma” del Gómez Ulla, y de Interior, que continúa sin ceder los terrenos, los que han facilitado este enorme embrollo que puede acabar, si no lo evitamos, birlando a los vecinos un hospital a cambio de un acuerdo que ya se pactó, y se incumplió, en 2007.



¿Vamos a tolerar el engaño?



Nunca debemos olvidar que si hemos llegado a este punto es únicamente gracias a la lucha de los vecinos que llevan cerca de 20 años de movilizaciones. Sin duda, se trata de una de las reivindicaciones más constantes en la ciudad de Madrid que nos ha llevado a organizar referendums, manifestaciones, masivas recogidas de firmas y un sin fin de actuaciones que arrancaron la promesa de construir un hospital. Incluso una vez conseguido, no nos hemos conformado y hemos reivindicado que el hospital debería ser de gestión totalmente pública y de mayor tamaño, para poder contar con las camas y especialidades necesarias para poder atender a toda la población de Latina y Carabanchel.

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Este artículo ha sido publicado, en una versión más reducida, por la Guía de Aluche del mes de septiembre http://www.guiadealuche.net/





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2 comentarios:

Anónimo dijo...

Y AQUÍ LAS HAN PAGADO EL AYUNTAMIENTO

Por prisas, por falta de comunicación, por...


MADRID - AMP
Los colegios públicos madrileños contarán con pizarras digitales a lo largo de este trimestre en Infantil y Primaria

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -


La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha adelantado que todos los colegios de la región contarán, a lo largo de este trimestre, con pizarras digitales en Infantil y Primaria, cumpliendo así con el compromiso adquirido.
Aguirre hizo este anuncio en la apertura del curso escolar, celebrada en esta ocasión en el Colegio Ciudad de Roma, centro que ya cuenta en el que funciona este dispositivo. "Los colegios van a recibir las pizarras digitales a lo largo de este trimestre tal y como me comprometí y en los próximos tres meses se instalarán 1.736 pizarras digitales en los 894 colegios, lo que supone una inversión de 5,8 millones de euros", ha precisado.

Anónimo dijo...

DLEGANES
La edil de Recursos Humanos no quiere ver a los trabajadores por su delegación
Los sindicatos denuncian que desde enero no se pagan los pasivos (compra de gafas o visita al dentista) acordados por convenio a los 1.800 empleados municipales.

Desde ayer los trabajadores del Ayuntamiento están vetados a acudir a la Casa del Reloj a solicitar permisos, ayudas o reclamar cualquier asunto relacionado con su labor municipal.

Los empleados municipales que quieran solicitar subvenciones para comprarse gafas o acudir al dentista (que no se pagan desde enero), reclamar pagas atrasadas u horas extra, solicitar algún día libre o cualquier otro asunto relacionado con su trabajo ya no pueden acudir a Recursos Humanos.

Desde el lunes 13 de septiembre hay orden de la concejala de Personal, Julia Martín Naveso, de no atenderles en su Concejalía, la que cuenta con más administrativos del Ayuntamiento. Desde ayer los empleados municipales deberán de tramitar sus asuntos en cada una de las Concejalías de las que dependan directamente y estas a su vez mandarán las solicitudes a Recursos Humanos.

Este incremento en la burocracia municipal, que ralentizará los temas solicitados por los trabajadores (unos 1.800) y ofrecerá un peor servicio a éstos, se debe a que la concejala no quiere aguantar las quejas y peticiones en su propia delegación con lo que establece barreras para que las reclamaciones no se realicen 'in situ' sino a través de mediadores.

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