La 'ley de muerte digna' impedirá que se repitan casos como el del Severo Ochoa

El Gobierno regulará por ley el derecho de los pacientes terminales a morir sin dolor (que no la eutanasia) lo que en la práctica ya se está haciendo con los llamados cuidados paliativos. La nueva normativa garantizará este derecho en todo el Estado después de que Andalucía haya sido la primera comunidad autónoma en aprobar una ley similar.


NUEVATRIBUNA.ES 19.11.2010



El anuncio fue hecho este viernes por el vicepresidente primero del Gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros. Según explicó Alfredo Pérez Rubalcaba en rueda de prensa, el Ejecutivo quiere aprobar en la próxima primavera una Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna para garantizar los derechos de los pacientes en situación terminal a morir dignamente “que es tanto como decir morir sin dolor cuando la ciencia médica permite que así sea”, aseguró. El ministro precisó que no se trata de una ley de eutanasia y que la opinión pública entenderá porque “casi todo el mundo ha tenido alguna situación de la naturaleza que se va a regular”. Rubalcaba quiso ser aún más gráfico al decir: “Se produce cuando alguien en el pasillo de un hospital recibe a un médico que le dice que un familiar, su madre, su hermano o su mujer, está muy mal, que se muere irremediablemente, y lo que es peor, nos tememos que lo va a pasar muy mal de aquí a que se muera, va a sufrir, y el familiar le dice al médico si no lo podemos evitar”.



Lo que se pretende regular ya es una práctica habitual entre la mayoría de los facultativos. Se trata, en términos médicos, de limitar el esfuerzo terapéutico para los pacientes terminales aliviando en lo que se pueda el dolor aún a pesar de que eso puede acortar el tiempo de vida. Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma en aprobar una ley similar. Fue el pasado mes de marzo cuando el parlamento andaluz aprobó por unanimidad (el PP solo se opuso a tres artículos de la normativa) una ley de muerte digna. Lo mismo harán Aragón y Navarra.



“El Estado tiene que homogeneizar para que se garantice este derecho en todas las comunidades autónomas”, asegura Luis Montes, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, quien ha valorado de manera “muy positiva” la iniciativa del Gobierno. Este doctor, ex coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés fue revelado en 2005 tras las denuncias por supuesta mala praxis en las sedaciones a pacientes terminales. La acusación hablaba de 400 homicidios. El Gobierno de Esperanza Aguirre inició una caza de brujas abriéndose un proceso que terminó siendo archivado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La sentencia eliminaba toda referencia a la existencia de una mala práctica médica, dando así la razón a los facultativos.

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