El incierto futuro de la atención primaria

La creación y desarrollo, hace ya casi 30 años, de la actual organización de la atención primaria de salud (APS) en nuestro país contribuyó a avanzar de una manera muy importante en la prestación sanitaria a los ciudadanos, permitió el desarrollo de un amplio programa de actividades preventivas y nos situó en los primeros lugares de los sistemas sanitarios de nuestro entorno en cuanto a calidad, accesibilidad y valoración por parte de los ciudadanos.

Aunque en la última década ha habido algunos elementos diferenciadores, puede decirse que la actual estructura de la APS es bastante homogénea en la mayoría del país, apoyándose fundamentalmente en sus elementos básicos: el equipo de atención primaria y los centros de salud, integrados en una estructura territorial. Todos estos elementos han contribuido a dotar a este nivel asistencial de autonomía y una función y entidad propias, claramente diferenciadas del modelo centrado en el hospital que había dominado el panorama sanitario español durante décadas y era hegemónico hasta la llegada de la reforma de APS.

Desde entonces, el actual modelo de APS ha mostrado sobradamente sus ventajas, en cuanto a la universalidad, equidad y accesibilidad de sus prestaciones, ha funcionado con un costo económico muy aceptable (como todas las instancias tanto nacionales como internacionales reconocen) y puede decirse que ha sido una de las claves importantes para el desarrollo y consolidación del actual Estado de bienestar de nuestro país.

A pesar de ello, desde hace años corren vientos en su contra que cuestionan en mayor o menor medida la continuidad del mismo y apuestan por un modelo que califican de más "moderno" y que no es otro que dejarlo en manos de las fuerzas del mercado.

En la Comunidad de Madrid esta tendencia viene avalada e impulsada por el actual Gobierno regional del PP, que afirma, sin ambages, que su objetivo para el servicio madrileño de salud y la atención sanitaria de los madrileños es la privatización completa, pregonándola como más eficiente y adecuada a las necesidades de los ciudadanos. En ese mismo sentido, ya se anuncia que, al tiempo que se transfiere la asistencia sanitaria hospitalaria a entidades privadas, los centros de salud seguirán probablemente esta misma senda y pasarán a ser gestionados con criterios de rentabilidad económica por las mismas entidades privadas que gestionarían el hospital de referencia de esas áreas, o se constituirán en microempresas privadas que fragmentarán más aún el sistema sanitario impidiendo cualquier tipo de colaboración entre niveles.

Es decir, nos encontramos, por la fuerza de los hechos consumados, a las puertas de un cambio de modelo sanitario en atención primaria, que está siendo progresivamente marginada y que no ha sido objeto de debate ni entre los profesionales del mismo ni entre los ciudadanos.
Esta reorganización sanitaria, de la que son entusiastas partidarios tanto la presidenta de la Comunidad como su actual consejero de Sanidad, el señor Güemes, supone, ante todo, un expolio al patrimonio común de todos los madrileños, pues pone en manos privadas una parte importante de la propiedad pública de los ciudadanos. Por otra parte, este nuevo modelo (como se ha demostrado en todos los lugares donde se ha ensayado) es mucho más caro y no produce mejores resultados para cubrir las necesidades de salud de la población, ya que es un sistema organizado por empresas privadas con ánimo de lucro y se centra fundamentalmente en la contención de gastos y en el margen de beneficios.

Consecuentemente, esta mercantilización de la asistencia sanitaria produce exclusión y selección adversa de pacientes complicados, especialmente ancianos o crónicos, y abandona las tareas de promoción y prevención, que por definición no dan beneficios económicos a corto plazo y transforma a los centros de salud en un apéndice del hospital que actúan como filtro de las
patologías más rentables para éste.
En definitiva, el modelo que se nos propone en la Comunidad de Madrid (y que sería el mismo que el que ya funciona en la Comunidad Valenciana: el conocido como modelo Alzira) supone la liquidación de la atención primaria de salud tal como la entendemos, es decir, pública y centrada en la comunidad, y la cambia por un modelo en que el mercado y la cuenta de resultados de las empresas que lo explotan y administran imponen sus criterios sobre las necesidades de salud de la población.

Si estas iniciativas prosperan, los madrileños corremos el riesgo a corto plazo de ver hipotecado el derecho a la salud por los intereses económicos empresariales.


Javier González Medel es médico de atención primaria, secretario de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y coordinador de la Plataforma 10 Minutos de la Comunidad de Madrid.
Fuente:
El Pais