La Comunidad de Madrid privatiza el centro de reconocimiento médico de sus 200.000 trabajadores

El Centro de Prevención y Reconocimientos Médicos al que estaban adscritos los 200.000 empleados públicos de la Comunidad de Madrid, fue recientemente reformado para dotarle de los servicios que hoy mantiene: cuatro consultas totalmente equipadas (Ginecología, Oftalmología, Otorrinolaringología y Medicina General), con medios materiales y humanos altamente cualificados.


Bajo el pretexto de “reorganizar el Centro de Prevención y Reconocimientos”, y debido a la “poca actividad del Centro”, la Comunidad de Madrid informa a las Organizaciones Sindicales presentes en el Comité de Empresa (CSIT Unión Profesional, UGT y CCOO) de su decisión de trasladar a los 33 profesionales (empleados públicos) que actualmente prestan sus servicios en él, a unas instalaciones cercanas y anteriormente ocupadas por el Centro de Salud de Atención Primaria de Andrés Mellado.


En el año 2001, el Centro emitió más de 12.000 informes médicos y unas 24.400 pruebas diagnósticas, pero entre 2002 y 2007, la Comunidad de Madrid contrata los servicios de una empresa privada con la finalidad de disminuir progresivamente la actividad del propio centro, de tal forma, que en 2007 apenas se emiten unos 900 informes médicos.

La infrautilización de recursos como el mamógrafo, contrasta con la necesidad de aligerar la lista de espera de más de nueve meses que actualmente existe en esta especialidad y con la demanda que desde las tres organizaciones se viene reiterando en los últimos años a la Consejería de Sanidad.Teniendo en cuenta que en 2008 la Administración de la CM ha destinado 1´7 millones de euros en pagos a esta empresa privada y que el coste de los empleados públicos (33 trabajadores) anualmente es de 600.000 euros menos, desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL, UGT y CCOO denunciamos la mala gestión que la Administración Regional está realizando debido a la duplicidad de gastos.


CSIT UNIÓN PROFESIONAL, UGT y CCOO reclaman a la Administración la paralización del traslado de los empleados públicos a otras instalaciones, el mantenimiento del mismo nivel de trabajo en el Centro de Prevención y Reconocimientos desde su titularidad pública -como hasta el año 2001 se vino realizando-, es decir, sin cesión ni derivación a la privada, y sobre todo, que la Administración rectifique en su intención de privatizar este servicio que ha funcionado como centro de referencia para los 200.000 empleados públicos de la CM.

Fuente
http://ania.urcm.net/index.php3
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