Adiós a la cárcel de Carabanchel

Un hospital y 650 viviendas sustituirán a la mítica presión madrileña. Los vecinos califican a la reforma de “especulativa” y con “pocos servicios públicos”.


Nueva Tribuna

El ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, han firmado esta mañana el protocolo de intenciones para el desarrollo urbanístico de los terrenos que ocupa la antigua cárcel de Carabanchel.

Los con lo que se desbloquea el traspaso del recinto al Ayuntamiento, paralizado desde hace 11 años. Las dos noches de acampada-protesta llevada a cabo por los vecinos de la zona, así como las numerosas quejas que han presentado durante meses han sido desoídas.

Un total de 650 viviendas nuevas, de las cuales un 30% será de protección oficial, y un hospital público, serán las reformas fundamentales que se harán en los territorios de la antigua cárcel de Carabanchel. Los vecinos, que consideran que la operación es "especulativa", exigen que en los terrenos de la antigua cárcel sólo se construyan equipamientos públicos.

El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Ángel Pérez, ha denunciado hoy que "es obvio que en esta zona no hacen falta más viviendas sino más dotaciones públicas; tan obvio como que, en este caso, Interior ha de sacar dinero para costear sus infraestructuras".

Las organizaciones vecinales de Latina y Carabanchel, que han protagonizado ya otras medidas de protesta para conseguir sus reivindicaciones, acusan a Interior y al Ayuntamiento de "acelerar sus planes especulativos" para firmar un acuerdo "a espaldas de los vecinos".

Según el Ministerio del Interior, el protocolo atiende, por un lado, las necesidades vecinales de los distritos de esta zona de Madrid, y por otro impulsa el desarrollo urbanístico del conjunto de la ciudad. Aseguran que se ha aumentado en un 55% el terreno destinado a equipamiento público. Este último pasa de 38.000 a 58.859 m2.
De esta forma se garantiza la construcción de un hospital público y otras instalaciones municipales, como guardería, centro de mayores, bibliotecas y otros equipamientos similares.

Sin embargo los vecinos de Latina y Carabanchel consideran que las Administraciones están "fomentando la especulación" en los suelos de la vieja cárcel pues, según dicen, el objetivo real del acuerdo alcanzado es "procurar plusvalías a un terreno que fue expropiado para equipamientos públicos".